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Brasil: la deforestación de la selva amazónica.

Si bien la deforestación en Brasil sigue siendo mucho más baja que en su punto máximo en 2004, cuando se deforestó un área más grande que Macedonia, la actividad ha aumentado desde 2012.

Rodeado por reservas forestales y cerca de la unión de dos carreteras, Humaitá es la puerta de entrada a Amazonas, un estado casi del tamaño de Alaska que es el corazón de la región amazónica brasileña. El llamado arco de deforestación de Brasil -un frente que se extiende a lo largo de la franja sur de la Amazonia desde la costa hasta Bolivia, dividiendo a la mitad el país más grande de Latinoamérica- hasta ahora no casi no ha tocado a Amazonas.

Sin embargo, ahora, debido a la incertidumbre política después del juicio político y la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016 y con Brasil de cara a sus elecciones más impredecibles en décadas, la Amazonia vuelve a verse vulnerable.

Encabezada por madereros, mineros, pequeños propietarios y ganaderos corruptos, y ahora que los proyectos de infraestructura tales como carreteras y presas abren nuevas áreas a las incursiones, hasta el 95 por ciento de la deforestación en la región es ilegal y el 80 por ciento se convierte en pastizales para ganado, dicen las autoridades ambientales.

Si bien la deforestación en Brasil sigue siendo mucho más baja que en su punto máximo en 2004, cuando se deforestó un área más grande que Macedonia, la actividad ha aumentado desde 2012.

"El arco de deforestación es una zona de guerra. Ha empeorado en los últimos 10 años y seguirá empeorando", dice Aquilas Mascarenhas, jefe de guardabosques del bosque nacional Jamarí en Rondônia, un estado amazónico.

Los críticos argumentan que la incertidumbre ha fortalecido a los elementos conservadores en el congreso, particularmente a los ruralistas -políticos que representan intereses rurales- a medida que el insaciable deseo de alimentos por parte de China convierte a Brasil en una superpotencia agrícola.

Significa que las elecciones generales de octubre son importantes no sólo para el futuro político del país más grande de América Latina sino también para la selva tropical más grande del mundo y uno de sus principales baluartes contra el cambio climático, dicen los activistas.

El mundo observará atentamente después de lo ocurrido año pasado, el segundo con las temperaturas más altas de la historia, cuando las áreas de hielo del Ártico llegaron a mínimos históricos, los huracanes azotaron el Caribe y los incendios se esparcieron por California.

Para la Amazonia, 2018 y 2019 serán años peligrosos, dice Saulo Rodrígues-Filho de la Universidad de Brasilia, y autor de un estudio que reveló que la incertidumbre política suele conducir a una mayor deforestación.

Hasta 2012, Brasil parecía encaminado a cumplir su compromiso internacional en cuanto al cambio climático de cero deforestaciones ilegales para el año 2030 y el objetivo nacional de reducir la deforestación a no más de 3,900 kilómetros cuadrados por año para 2020.

A través de una estricta aplicación, Brasil recortó su tasa de deforestación en 83 por ciento a 4,571 kilómetros cuadrados por año entre 2004 y 2012, según cifras del INPE, el instituto de investigación espacial satelital del gobierno.

Tras haber aumentado después de 2012, la deforestación volvió a activarse y alcanzó los 7,893 kilómetros cuadrados entre agosto de 2015 y julio de 2016. El año pasado cayó 16 por ciento a medida que la economía se desplomaba e IBAMA tomaba medidas enérgicas, pero sigue siendo alta en comparación con 2012.

"No hay razón para creer que en tres años Brasil logrará reducir la deforestación de más de 6,000-8,000 kilómetros cuadrados a 3,900 kilómetros cuadrados", dice Carlos Nobre, un destacado científico del clima. "El desafío será aún mayor para 2030 a menos que haya un cambio muy claro en la política medioambiental y eso sólo será evidente cuando sepamos quién será elegido en 2018".

En las primeras encuestas, los dos candidatos más destacados son el político de extrema derecha Jair Bolsonaro y el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien se enfrenta a casi 10 años de prisión si no se confirma su apelación contra una condena por corrupción.

Los analistas esperan que surjan otros candidatos. Pero quien gane probablemente enfrentará un congreso fracturado en el que los frentes conservadores ejercen una influencia desmesurada, especialmente dado el relativo declive del izquierdista Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula da Silva.

Éstos incluyen el bloque ruralista con 228 legisladores, o el 44 por ciento de la cámara baja del congreso, y más de una cuarta parte del senado. Con otros dos bloques conservadores -el frente de seguridad pública, con 299 legisladores, y el frente evangélico, con 199- los tres grupos son conocidos como "el toro, la bala y la biblia", y constituyen una fuerza formidable en el congreso.

En el congreso, el sector rural tiene una influencia muy superior a lo que le correspondería por su tamaño en una sociedad que es 86 por ciento urbana. La razón es simple. La agricultura es una estrella de la economía brasileña. De ser un importador neto de cereales en la década de 1970, la agroindustria actualmente contribuye 42 por ciento a las exportaciones del país, según el instituto de investigación del gobierno Ipea.

En el tercer trimestre del año pasado, la agroindustria creció un 9.1 por ciento en comparación con el año anterior, lo que ayudó a Brasil a recuperarse de la peor recesión en su historia. El país es ahora el mayor productor de azúcar, jugo de naranja, pollo y café, y uno de los mayores de soja, carne de res y otros productos básicos. Muchos productores ahora consideran la Amazonia una frontera agrícola que podría ampliarse aún más.

El ascenso de los ruralistas no ha pasado inadvertido para Michel Temer, el actual presidente de centroderecha de Brasil. Acusado de corrupción en mayo del año pasado, sobrevivió a dos votaciones en el congreso en cuanto a si debería enfrentar un juicio, en parte con la ayuda de los ruralistas. Los críticos dicen que, a cambio, ha aprobado o intentado aprobar una serie de leyes en los últimos 18 meses que, según los activistas, benefician a los agricultores y mineros a expensas de la deforestación.

Entre las más polémicas está la MP 759, la cual les permite a los ocupantes ilegales de tierras del gobierno obtener títulos a precios reducidos. Bautizada como la "ley de los usurpadores de tierras" por los fiscales, estimulará nuevas invasiones de tierras públicas en la Amazonia, dicen. El gobierno la defendió como una ayuda a los pobres sin tierra.

Otras medidas introducidas por Temer el año pasado incluyen intentos de reducir el tamaño de las reservas de conservación, facilitar licencias ambientales y propuestas para debilitar los derechos indígenas y abrir los territorios de los indígenas a la minería y la agroindustria, según el Grupo de Trabajo de Deforestación Cero, que incluye el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace y The Nature Conservancy.

Brasil tiene 10 millones de hectáreas de tierras abandonadas que podrían utilizarse para la producción agrícola en lugar de deforestar aún más, dice el grupo. Temer no siempre se ha salido con la suya. Se vio obligado a retractarse en su intento de cambiar los límites de una reserva forestal, Jamanxim, tras una amplia oposición pública.

En su defensa, el gobierno de Temer señala la disminución de la deforestación el año pasado. Funcionarios de IBAMA y el ministerio de medio ambiente reconocen en privado los esfuerzos de su ministro, José Sarney Filho, para trabajar tras bastidores contra las peores medidas exigidas por el congreso.

"La mejor forma para cumplir nuestros objetivos es si podemos hacer que las personas tomen conciencia de que la selva vale más poblada que talada", dice Sarney Filho.

Por su parte, los ruralistas dicen que están en contra de la deforestación ilegal y dicen que los críticos son ecologistas de sillón. "Mucha gente dice que son ecologistas, pero vive en apartamentos, con televisión e Internet", dice Nilson Leitão, líder del frente, quien quiere abrir las reservas indígenas, que actualmente están fuera de los límites, a la agricultura y la minería.

En la Amazonia, la guerra contra los delitos contra el medio ambiente continúa. Iram Mendes, un funcionario de la agencia de parques, salta de su automóvil empuñando su pistola, acompañado por un equipo de cinco policías de operaciones especiales de élite armados con armas automáticas.

Su objetivo es una presunta mina ilegal de casiterita -que limita con el parque nacional Jamarí en el estado de Rondônia- que ha devastado un arroyo junto al parque y ha creado un gran lodazal. El supervisor de mina muestra una licencia ambiental; el Sr. Mendes amenaza con iniciar una investigación.

A pesar de esta demostración de fuerza, los agentes de conservación de primera línea como Mendes se muestran pesimistas y se quejan de la falta de recursos. En Rondônia y los estados vecinos, ICMBio -la agencia de parques nacionales- tiene sólo 30 guardabosques para cubrir 4 millones de hectáreas de parques. Un informe sobre IBAMA realizado por la contraloría del gobierno, la CGU, reveló que entre 2010 y 2016, el número de funcionarios de campo disminuyó en un 26 por ciento hasta los 965.

Los delincuentes, por otro lado, están muy organizados, bien armados y motivados, especialmente los madereros ilegales.

"Tenemos varios políticos que reciben financiamiento del sector de la madera, eso es un hecho", dice Daniel Azevedo Lôbo, un fiscal público de Rondônia. Dice que Brasil necesita un "Operación Lava Jato" del medio ambiente, en referencia a la célebre investigación sobre la corrupción política que ha sacudido a Brasil en los últimos cuatro años.

Los fiscales y funcionarios también se quejan de que incluso cuando las agencias federales toman medidas enérgicas, los gobiernos locales y estatales a menudo intervienen para reducir las condenas.

Después del incidente de Humaitá, el gobierno estatal de Amazonas otorgó licencias a algunos de los mineros involucrados con la intención de legalizar sus actividades, diciendo que la ciudad dependía de la industria. Los fiscales federales están acusando a los mineros y han ganado una demanda judicial contra el otorgamiento de esas licencias.

Las encuestas de opinión indican que la mayoría de los brasileños apoyan los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios de primera línea dicen que a menos que de las elecciones surjan políticos dispuestos a adoptar una postura más estricta en cuanto a la deforestación, el futuro a largo plazo es sombrío.

"Mientras haya selva, la gente no dejará de cortarla", dice un funcionario de IBAMA en Humaitá, quien estaba en la oficina de la agencia cuando le prendieron fuego. Él escapó con un guardia de seguridad, quien disparó al aire. "La política de conservación actualmente sólo está retrasando el proceso. La deforestación continuará hasta que no quede nada". (Autor: The Financial Times)

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