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Venezuela cede a privados empresas expropiadas.

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas décadas fueron transferidas a gerentes privados, más no vendidas.

El presidente de Venezuela, decidió esta última semana traspasar empresas claves que han sido expropiadas en el pasado y que actualmente se encuentran en quiebra, a inversionistas privados, “ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos”, reseñaron varios portales informativos este domingo.

“Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas”, citaron los distintos medios del país.

El acuerdo es que los administradores cubrirán la nomina y las inversiones, ya cambio entregarán productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

En el contexto económico actual, el Gobierno permite que fluyan las remesas en dólares y la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.

Durante la administración del fallecido Hugo Chávez, se confiscaron más de 1.000 empresas y numerosas fincas y propiedades en Venezuela, incluidos activos de multinacionales como Cemex, Kellogg y Kimberly-Clark,.

En la época en la que el país obtuvo grandes ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la local por importaciones, la estrategia que terminó la producción colapsando el aparato productivo y la economía nacional.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de aliados y también se volvió ineficiente, convirtiéndose en efecto, en una especie de brazo del partido de Gobierno y, en consecuencia, fue llevada a la ruina y forzada a recortar su producción.

Entre el quiebre total de la estadal PDVSA y las recientes sanciones de EE.UU. , Se ha destruido una sociedad que en algún momento ocupó una posición entre las más ricas del mundo.

En este contexto, más de 5 millones de venezolanos terminaron huyendo del país en un intento desesperado por evitar la ruina. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, sostuvo el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo.

El empresario aclaró que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares ya otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo puntualizó que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no está clara. La ley anti bloqueo prohíbe revelar dicha información, teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU., que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el Gobierno, pero excluye a empresas privadas.

En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.

PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción.

El legislador socialista, describe que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionarán como una concesión. Entre tanto, la empresa privada se compromete a invertir, administrar el activo y aumentar la producción dentro de un plazo estimado.

Nuevos Acuerdos

La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada.

Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que esta invirtiendo casi US $ 150 millones para reabastecerse, según fuentes consultadas por medios nacionales.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el Gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el consejo. Dos plantas de procesamiento de granos del Gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas, pero no vendidas a empresas privadas locales.

Lo mismo ocurre con las plantas de leche y café construidas durante el auge del petróleo de Venezuela, en virtud de acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Condiciones

Las clausulas para las empresas variadas. La contribución principal es un porcentaje de las ganancias o de la producción para el Estado. En algunos casos, el Gobierno y los gerentes están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de entre US $ 60 y US $ 80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas conocedoras del tema, cuyos nombres no han sido publicados.

“No todas las empresas a las que el Gobierno apunta para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían por los años de mal mantenimiento bajo la supervisión del Estado y temen a nuevas nacionalizaciones”, detalla Infobae.

En diciembre, el gobernador del estado agrícola de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a los medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron US $ 60.000 al mes para el Gobierno estatal.

Un estudio de la cámara industrial nacional Conindustria dijo que “un total de 1.322 granjas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío, fueron expropiadas entre 2002 y 2015”. Por su parte, El Gobierno nunca ha publicado el número de propiedades que ha incautado a lo largo de los años.

“Muchas dejaron de existir y solo quedan unas 700. La mayoría de sus antiguos propietarios aún esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de recibir un pago, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019”, sostiene el estudio.

Especialistas indican que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros Estados autoritarios de izquierda. “Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas e inversionistas de países aliados al Gobierno”, Dijo Asdrúbal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990.

“Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”, puntualizó. (Fuente: PeruRetail)